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Despacho de Procuradores. Sevilla. Tlfs: 954 282 334 / 670 282 334 Fax:954 274 138

 Ignacio Espejo Ruiz. Colegiado nº 354 :: :: ignacio@espejoprocurador.com
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FUENTE Lawtyerpress

 Intensa actividad en Madrid donde coinciden dos congresos internacionales. El de los Registradodres y el organizado por el Consejo General de Procuradores, ha reunido a más de 600 profesionales de 70 países para analizar las relaciones entre la justicia y la economía desde el punto de vista de las ejecuciones de sentencia. En el acto de inauguración de este encuentro mundial que concluye hoy escuchamos las opiniones de el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial , Carlos Lesmes, y el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, acompañados del presidente del Consejo General de Procuradores de España , Juan Carlos Estévez, y del presidente de la Unión Internacional de Huissieres de Justicia , Leo Netten. Todas ellas coincidieron en el papel de la procura como un elemento dinamizador de la justicia por su papel en la implantación de  de las nuevas tecnologías. Mientras que Lesmes y Estévez reclamaron un protagonismo más activo de los procuradores en nuestro sistema judicial, especialmente en lo que se refiere a la ejecución de las sentencias, Catalá fue más prudente en sus afirmaciones sobre este tema en concreto. Sí habló de sus reformas y de su idea de justicia digital donde cuenta con los procuradores para alcanzar ese hito que nadie cree que lo vaya a lograr.

Bajo el título: “El Huissier de Justicia: un puente entre el derecho y la economía. Un nuevo enfoque de la ejecución”, se han venido desarrollando los debates entre procuradores de los cinco continentes La UIHJ agrupa en la actualidad a profesionales de ocenta y cinco países, siendo las últimas incorporaciones Moldavia, Serbia, Albania, Georgia y Emiratos Árabes Unidos.

Durante el Congreso se han abordado, entre otros, temas relacionados con la ejecución de sentencias y su implantación eficaz, el desarrollo económico y su impacto en la organización y el sistema de ejecución, el papel de las organizaciones internacionales en el desarrollo de una Justicia equitativa, los servicios jurídicos en materias transfronterizas, el procurador como agente de ejecución, etc..

Para Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores y anfitrión de este macro evento: “Hoy en día la economía está ganando espacio a la justicia a nivel de decisiones y ese es un gran problema; la seguridad jurídica es un elemento clave para muchas inversiones y es fundamental que los países cuenten con administraciones de justicia ágiles”. A este respecto recordó la disposición de los procuradores a ayudar al cuello de botella que existe en estos momentos sobre las ejecuciones de las sentencias, con más de dos millones y medio pendientes de notificar. “Este es un grave problema que nuestro colectivo puede ayudar a solventar. No podemos olvidar que hay cerca de 4000 millones de euros en los juzgados atascados que no revierten a la economía”, recordó.

Desde el Ministerio de Justicia, Rafael Catalá que ha tomado el timón de ese Ministerio desde el pasado mes de septiembre, restableciendo muchas de las relaciones profesionales rotas por su antecesor, recordó que tras la crisis económica que hemos vivido se han producido nuevos desafíos que a nivel legislativo y judicial hay que afrontar: “Es el momento de dotar de agilidad al tráfico jurídico para que inversores  y empresarios puedan hacer negocios en nuestro país”. Y recordó el papel de los procuradores ya en los actos de notificación y certificación de actuaciones que se ha incrementado tras una última reforma realizada recientemente en la LEC.

Apoyo procuradores a digitalización justicia

Rafael Catalá apeló a los 10.000 procuradores que hay en España, a los que ha señalado como “cooperadores necesarios”, para que la Justicia digital, abierta e innovadora sea una realidad a partir del 1 de enero de 2016, fecha en la que todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos en los actos de comunicación procesal. En las comunidades autónomas directamente gestionadas por el Ministerio de Justicia, el 95% de las comunicaciones en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo de las que son emisores o receptores los procuradores, ya se realizan por medios telemáticos. El ministro ha destacado la firme determinación del Ministerio de Justicia al mantener la incompatibilidad en el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador y señaló el espíritu de diálogo del Ministerio pese a que la reforma Penal y la Ley de enjuiciamiento criminal, no ha habido ningún consenso.

Por su parte, Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, se aferró a varias citas de Milton Friedman, economista y Premio Nobel, para hablar de globalización y del entorno que nos espera: “Nadie discute que en este nuevo entorno de hacer negocios, hay nuevos retos que la justicia debe asumir. Hay que buscar respuestas eficaces”, aclaró.  En este entorno donde las relaciones entre el derecho y la economía son tan estrechas recordó la necesidad de realizar mejores en nuestra administración de justicia. “Pese a la entrada de la Oficina Judicial y los Servicios Comunes de Ejecución, la ejecución de las sentencias sigue siendo un problema en nuestro país. Ahí es muy posible que los procuradores pudieran ser más eficaces”, recordó.

Desde su creación en 1952, uno de los objetivos de la UIHJ es contribuir a formar un Huissier (el equivalente al procurador español) armonizado con los principios concebidos para desarrollar la profesión a un nivel de excelencia que pueda desempeñar plenamente su función: servir a la Justicia, a los litigantes y a los agentes económicos. Hoy en día, para cumplir con esta evolución, si el desarrollo de la profesión a nivel mundial parece ser inevitable, también lo es la diversificación de sus actividades básicas. El Huissier o el procurador está considerado en aquellos países donde ejerce su profesión uno de los pilares del Poder Judicial, como garante de los derechos a un juicio justo y al acceso a los tribunales y, también, es una salvaguardia contra la corrupción. 


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