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Despacho de Procuradores. Sevilla. Tlfs: 954 282 334 / 670 282 334 Fax:954 274 138

 Ignacio Espejo Ruiz. Colegiado nº 354 :: :: ignacio@espejoprocurador.com
Martillo

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 Fuente RG Granada

 

Un procurador granadino ha denunciado a la decana del Colegio Oficial de Procuradores, Mónica Navarro, por coacciones, tráfico de influencias y "administración desleal". Rafael Alba, colegiado de la corporación, censura en su denuncia, presentada ante el Juzgado de Guardia, la actitud de la responsable del colegio respecto a la aprobación de las cuentas de 2013 y la solicitud de información por parte de varios colegiados. 

Según consta en el escrito de Alba, uno de los motivos de la denuncia es que el Colegio se ha negado a facilitar tanto las bases que sirvieron para contratar a una empleada, "hermana de un miembro de la Junta de Gobierno"; como las facturas correspondientes a las cuentas de 2013. Además, del examen de las cuentas -prosigue el denunciante-, se desprende que "se ha coaccionado a los colegiados para que paguen como obligatorios gastos inequívocamente voluntarios", y acusa a la decana de "amenazar y coaccionar" a los colegiados para que no grabasen la junta celebrada el pasado 28 de marzo de 2014. Respecto a este encuentro, el denunciante asegura que el colegio ha falsificado el acta, ya que no hace constar que un colegiado pidió hasta por dos veces que constara su disconformidad con las explicaciones dadas sobre 30 aclaraciones contables solicitadas por escrito. Por último, el denunciante asegura en su escrito que la decana lo "coaccionó" para que permaneciera de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos "a pesar de no reunir los requisitos legales". 

Según Rafael Alba, los hechos revisten "una manifiesta gravedad en el ámbito penal" al ser presuntamente constitutivos de "tráfico de influencias y coacciones, perjurio, administración desleal que podría derivar en apropiación indebida o malversación, amenazas y vulneración del derecho de libertad de expresión e información, y falsedad documental". 

El denunciante apunta que su intención al interponer esta denuncia es que "se haga Justicia y se acabe con la corrupción en el colegio", de forma que los colegiados puedan "examinar las facturas y pagar sólo por los servicios obligatorios". 

Además de la denuncia, el colegiado ha enviado una carta al Ministerio de Economía, acompañado de "un vídeo denuncia" de la Junta celebrada en marzo, para que la tenga en cuenta de cara a la elaboración de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, haciendo hincapié en la necesidad de corregir una situación de "opacidad de cuentas" y de acabar con los gastos voluntarios "cargados como obligatorios".

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