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Despacho de Procuradores. Sevilla. Tlfs: 954 282 334 / 670 282 334 Fax:954 274 138

 Ignacio Espejo Ruiz. Colegiado nº 354 :: :: ignacio@espejoprocurador.com
PlazaEspaña

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FUENTE Lawtyerpress

 Intensa actividad en Madrid donde coinciden dos congresos internacionales. El de los Registradodres y el organizado por el Consejo General de Procuradores, ha reunido a más de 600 profesionales de 70 países para analizar las relaciones entre la justicia y la economía desde el punto de vista de las ejecuciones de sentencia. En el acto de inauguración de este encuentro mundial que concluye hoy escuchamos las opiniones de el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial , Carlos Lesmes, y el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, acompañados del presidente del Consejo General de Procuradores de España , Juan Carlos Estévez, y del presidente de la Unión Internacional de Huissieres de Justicia , Leo Netten. Todas ellas coincidieron en el papel de la procura como un elemento dinamizador de la justicia por su papel en la implantación de  de las nuevas tecnologías. Mientras que Lesmes y Estévez reclamaron un protagonismo más activo de los procuradores en nuestro sistema judicial, especialmente en lo que se refiere a la ejecución de las sentencias, Catalá fue más prudente en sus afirmaciones sobre este tema en concreto. Sí habló de sus reformas y de su idea de justicia digital donde cuenta con los procuradores para alcanzar ese hito que nadie cree que lo vaya a lograr.

Bajo el título: “El Huissier de Justicia: un puente entre el derecho y la economía. Un nuevo enfoque de la ejecución”, se han venido desarrollando los debates entre procuradores de los cinco continentes La UIHJ agrupa en la actualidad a profesionales de ocenta y cinco países, siendo las últimas incorporaciones Moldavia, Serbia, Albania, Georgia y Emiratos Árabes Unidos.

Durante el Congreso se han abordado, entre otros, temas relacionados con la ejecución de sentencias y su implantación eficaz, el desarrollo económico y su impacto en la organización y el sistema de ejecución, el papel de las organizaciones internacionales en el desarrollo de una Justicia equitativa, los servicios jurídicos en materias transfronterizas, el procurador como agente de ejecución, etc..

Para Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores y anfitrión de este macro evento: “Hoy en día la economía está ganando espacio a la justicia a nivel de decisiones y ese es un gran problema; la seguridad jurídica es un elemento clave para muchas inversiones y es fundamental que los países cuenten con administraciones de justicia ágiles”. A este respecto recordó la disposición de los procuradores a ayudar al cuello de botella que existe en estos momentos sobre las ejecuciones de las sentencias, con más de dos millones y medio pendientes de notificar. “Este es un grave problema que nuestro colectivo puede ayudar a solventar. No podemos olvidar que hay cerca de 4000 millones de euros en los juzgados atascados que no revierten a la economía”, recordó.

Desde el Ministerio de Justicia, Rafael Catalá que ha tomado el timón de ese Ministerio desde el pasado mes de septiembre, restableciendo muchas de las relaciones profesionales rotas por su antecesor, recordó que tras la crisis económica que hemos vivido se han producido nuevos desafíos que a nivel legislativo y judicial hay que afrontar: “Es el momento de dotar de agilidad al tráfico jurídico para que inversores  y empresarios puedan hacer negocios en nuestro país”. Y recordó el papel de los procuradores ya en los actos de notificación y certificación de actuaciones que se ha incrementado tras una última reforma realizada recientemente en la LEC.

Apoyo procuradores a digitalización justicia

Rafael Catalá apeló a los 10.000 procuradores que hay en España, a los que ha señalado como “cooperadores necesarios”, para que la Justicia digital, abierta e innovadora sea una realidad a partir del 1 de enero de 2016, fecha en la que todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos en los actos de comunicación procesal. En las comunidades autónomas directamente gestionadas por el Ministerio de Justicia, el 95% de las comunicaciones en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo de las que son emisores o receptores los procuradores, ya se realizan por medios telemáticos. El ministro ha destacado la firme determinación del Ministerio de Justicia al mantener la incompatibilidad en el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador y señaló el espíritu de diálogo del Ministerio pese a que la reforma Penal y la Ley de enjuiciamiento criminal, no ha habido ningún consenso.

Por su parte, Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, se aferró a varias citas de Milton Friedman, economista y Premio Nobel, para hablar de globalización y del entorno que nos espera: “Nadie discute que en este nuevo entorno de hacer negocios, hay nuevos retos que la justicia debe asumir. Hay que buscar respuestas eficaces”, aclaró.  En este entorno donde las relaciones entre el derecho y la economía son tan estrechas recordó la necesidad de realizar mejores en nuestra administración de justicia. “Pese a la entrada de la Oficina Judicial y los Servicios Comunes de Ejecución, la ejecución de las sentencias sigue siendo un problema en nuestro país. Ahí es muy posible que los procuradores pudieran ser más eficaces”, recordó.

Desde su creación en 1952, uno de los objetivos de la UIHJ es contribuir a formar un Huissier (el equivalente al procurador español) armonizado con los principios concebidos para desarrollar la profesión a un nivel de excelencia que pueda desempeñar plenamente su función: servir a la Justicia, a los litigantes y a los agentes económicos. Hoy en día, para cumplir con esta evolución, si el desarrollo de la profesión a nivel mundial parece ser inevitable, también lo es la diversificación de sus actividades básicas. El Huissier o el procurador está considerado en aquellos países donde ejerce su profesión uno de los pilares del Poder Judicial, como garante de los derechos a un juicio justo y al acceso a los tribunales y, también, es una salvaguardia contra la corrupción. 

 FUENTE EL HERALDO.ES

La implantación experimental en la comunidad de Aragón del envío telemático de demandas y escritos por parte de los procuradores a los juzgados de Teruel está resultando más complicada de lo previsto. Los procuradores se quejan de la escasa capacidad de transmisión de datos que tiene el sistema, con solo 6 megas, lo que no permtie enviar por internet expedientes que superen los 40 o 45 folios, un volumen bastante habitual.


"Para escritos pequeños y notificaciones, el sistema funciona, pero para documentos grandes, no, porque no caben", aseguró un procurador del partido judicial. La situación obliga a estos profesionales a presentar muchos de los expedientes en papel, lo que, a su juicio, impide que se consiga uno de los objetivos del proyecto: eliminar el papel de la Justicia. Para poner de relieve las limitaciones del programa informático, conocido como Lexnet, destacan que la AET
 ofrece una capacidad de 60 megas –diez veces más– para presentar un recurso vía internet.

Otro procurador se quejó de que, una vez que los documentos han sido enviados a través de Lexnet, estos son impresos en papel cuando llegan al Juzgado, pues el estudio a fondo de los mismos por parte de los jueces y magistrados requiere de anotaciones marcas al margen de los folios que no se ha ensañado a efectuar en formato digital.

Una fuente anónima explicó que son muchos los casos en los que tienen que presentarse al Juzgado los documentos originales, bien porque estos contienen firmas que dan validez al mismo o porque así lo exige el juez por seguridad y garantía procesal. 



Un procurador del Teruel,  criticó que el sistema se haya implantado "de forma muy forzada, sin haberlo probado antes, cuando debería estar mucho más mejorado". "Lo estamos acatando, pero no vemos las ventajas y sí grandes inconvenientes", añadió.

Trabajo "cuadruplicado"


Otra procuradora afirmó que su trabajo, como el del resto de sus compañeros, "se ha cuadruplicado" con la puesta en marcha de latransmisión telemática y que este sistema "no funciona tan bien como dicen los políticos".


Por su parte, el secretario coordinador provincial de los juzgados de Teruel, Manuel Soriano, explicó que el problema radica en que algunos profesionales transmiten los documentos en formato de fotografía y deben hacerlo de otro modo, con el fin de que tengan menos peso. Agregó que los datos deben comprimirse con un dispositivo de almacenamiento informático tipo ‘Zip’ que permite enviar mucha más información. "Se hace así en toda España y no hay problemas con demandas de 200 o 300 folios; los juzgados tienen todos 6 megas de capacidad y no pasa nada", aseguró Soriano. Sin embargo, los profesionales del derecho advierten de que la compresión de documentos acarrea a menudo pérdida de datos y reclaman "una mejora del sistema". La transmisión telemática se exportará a los juzgados de Zaragoza y Huesca a principios de 2015

 La Junta de Andalucía,  pagará 29,8 millones de euros a los consejos andaluces de los colegios de abogados y procuradores para abonar todos los pagos pendientes por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita de este año, según ha anunciado Emilio de Llera consejero de Justicia de la Junta de Andalucía.

 Emilio de LLera ha explicado que el pago se realizará con una primera aportación de 6,8 millones de euros, que se sufragará en los próximos días y el pago posterior de los 23 millones restantes que se realizará lo antes posible”.

El consejero ha cuantificado en 66  millones de euros la cantidad que la Junta dedicará  este año en total al sostenimiento de este servicio fundamental para la ciudadanía que no dispone de recursos para costearse su defensa legal ante los tribunales. En este sentido, el consejero ha asegurado que “se trata de una prioridad para este Gobierno que tiene un compromiso irrenunciable con las políticas sociales y con la igualdad y que debe estar al mismo nivel que la educación, la salud y la dependencia”

De Llera ha indicado que la comunidad andaluza, no ha recibido ninguna cantidad y el Ministerio ha recaudado ya más de 54 millones de euros en Andalucía por estas tasas judiciales sin destinar, por tanto,  nada para el sostenimiento de este servicio esencial para la ciudadanía como así contempla la norma.

 FUENTE EL CORREO DE BURGOS

La aprobación de las tasas judiciales hace dos años ha servido, para que los ciudadanos de clase media no hayan podido ejercer  la tutela judicial efectiva, debido al coste añadido que ha supuesto para cualquier ciudadano acudir a los juzgados. Los datos de la puesta en marcha de las tasas judiciales indican que en Burgos se han recaudado, entre 2013 y julio de este año, 3,2 millones de euros en este concepto.

El dato corresponde a una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el diputado del PSOE por Málaga Miguel Ángel Heredia sobre las cantidades recaudadas por tasas judiciales. El primer año de aplicación de las tasas judiciales en Burgos se cerró con 1,8 millones de euros, cantidad que será similar este año, ya que hasta julio se habían superado los 1,4 millones de euros. En toda Castilla y León, durante el pasado año se recaudaron 10,3 millones de euros. Valladolid, con 2,4 millones de euros, fue la provincia de la Comunidad en la que más dinero se obtuvo a través de las tasas judiciales durante el pasado año.

La aplicación de las tasas judicales ha repercutido de forma considerable en la disminución de la litigiosidad, sobre todo en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, donde el descenso de la actividad se ha acercado al 50% a causa de las tasas.

Desde la puesta en marcha de las tasas judiciales se ha incrementado la justicia gratuita. Una de las principales consecuencias de las tasas judiciales es que los ciudadanos de a pie dejar de acudir a un segunda instancia por el recargo que supone la tasa judicial.

 Fuente RG Granada

 

Un procurador granadino ha denunciado a la decana del Colegio Oficial de Procuradores, Mónica Navarro, por coacciones, tráfico de influencias y "administración desleal". Rafael Alba, colegiado de la corporación, censura en su denuncia, presentada ante el Juzgado de Guardia, la actitud de la responsable del colegio respecto a la aprobación de las cuentas de 2013 y la solicitud de información por parte de varios colegiados. 

Según consta en el escrito de Alba, uno de los motivos de la denuncia es que el Colegio se ha negado a facilitar tanto las bases que sirvieron para contratar a una empleada, "hermana de un miembro de la Junta de Gobierno"; como las facturas correspondientes a las cuentas de 2013. Además, del examen de las cuentas -prosigue el denunciante-, se desprende que "se ha coaccionado a los colegiados para que paguen como obligatorios gastos inequívocamente voluntarios", y acusa a la decana de "amenazar y coaccionar" a los colegiados para que no grabasen la junta celebrada el pasado 28 de marzo de 2014. Respecto a este encuentro, el denunciante asegura que el colegio ha falsificado el acta, ya que no hace constar que un colegiado pidió hasta por dos veces que constara su disconformidad con las explicaciones dadas sobre 30 aclaraciones contables solicitadas por escrito. Por último, el denunciante asegura en su escrito que la decana lo "coaccionó" para que permaneciera de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos "a pesar de no reunir los requisitos legales". 

Según Rafael Alba, los hechos revisten "una manifiesta gravedad en el ámbito penal" al ser presuntamente constitutivos de "tráfico de influencias y coacciones, perjurio, administración desleal que podría derivar en apropiación indebida o malversación, amenazas y vulneración del derecho de libertad de expresión e información, y falsedad documental". 

El denunciante apunta que su intención al interponer esta denuncia es que "se haga Justicia y se acabe con la corrupción en el colegio", de forma que los colegiados puedan "examinar las facturas y pagar sólo por los servicios obligatorios". 

Además de la denuncia, el colegiado ha enviado una carta al Ministerio de Economía, acompañado de "un vídeo denuncia" de la Junta celebrada en marzo, para que la tenga en cuenta de cara a la elaboración de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, haciendo hincapié en la necesidad de corregir una situación de "opacidad de cuentas" y de acabar con los gastos voluntarios "cargados como obligatorios".

 FUENTE LA VOZ DE VIGO

Los procuradores de Vigo recibieron una avalancha de más de 4.500 notificaciones de resoluciones judiciales. Debido a que el mes de agosto es inhábil, los buzones y correos electrónicos de estos profesionales se colapsaron con una montaña de asuntos acumulados durante el verano y que ahora deben comunicar a sus clientes inmediatamente porque los plazos para recurrir empiezan a correr.

 

Parece que en estos días continuará el colapso. El decano del Colegio de Procuradores de Vigo  Manuel Castells, confirmó ayer la cifra y dijo ayer que hubiera sido preferible que la entrega de notificaciones se hubiera escalonado a lo largo de la semana en vez de recibir todos los documentos de golpe.

La Oficina de Notificaciones y Embargos de los juzgados también tuvo movimiento durante toda la mañana. Una veintena de agentes judiciales salieron a repartir alrededor de un centenar diligencias a practiar en la calle. Además, llenaron con cientos de expedientes los buzones personales de los procuradores.

Fuentes de la oficina comentaron que hay menos papeles desde que, hace dos años, se implantó el sistema Lexnet para notificar a los procuradores las sentencias y autos por e-mail. «Con Lexnet bajó el trabajo pero los repartos de citaciones por la calle siguen igual, a media mañana había más de 50 asuntos. Mañana y pasado habrá más», aseguraban la oficina.

«Cuando no había Lexnet era una locura con los procuradores para darles todas la citaciones el 1 de septiembre», recuerdan en la oficina de notificaciones.

Sin embargo, a pocos metros, en el Colegio de Procuradores de Vigo, varios profesionales que hacen gestiones en el vestíbulo replican: «El sistema cambió, nos pusieron Lexnet, pero el agobio es el mismo que antes». Una colega asiente sentada ante la pantalla de un ordenador mientras vuelca el contenido de su sobrecargado e-mail, repleto de encargos.

«Quienes más lo notan son los despachos. Esto pasa todos los años y va a seguir pasando. Las citaciones que hacen los funcionarios en el mes de agosto las entregan todas el día uno, te cae todo de golpe en un día muy fuerte en el que, a lo mejor, cierras a las doce de la noche», explica otro veterano en las lides judiciales. «Los escritos no cabían en nuestras cajas y teníamos carpetas repletas», recuerda.

Algunos incluso idearon trucos para ganar tiempo como pasar por los juzgados el 31 de agosto y pedir que les pusiesen fecha 1 de septiembre a los documentos para llevárselos al bufete y adelantar tarea. Un procedimiento que este año no se pudo usar.

 El Colegio de Procuradores de Sevilla ha mostrado  su apoyo a las familias del procurador sevillano Víctor García Montes, de 43 años, y de su amigo Jorge de Miguel, ambos desaparecidos después del hundimiento de una embarcación que navegaba entre las islas indonesias de Lombok y Komodo el  16 de agosto.

En un comunicado, el Colegio de Procuradores de Sevilla ha recordado que García Montes está colegiado en Madrid, pero al ser sevillano mantiene relaciones de amistad con varios procuradores sevillanos , señalando el deseo del colectivo profesional de procuradores de Sevilla en cuanto a que ambos ciudadanos españoles sean localizados lo antes posible».

FUENTE 

El CVP asegura que se va a oponer a la ley de Colegios que plantea el Gobierno y que previsiblemente se aprobarán el próximo viernes en el Consejo de Ministros. «La fijación de cuotas por ley es un ataque directo a la independencia de los colegios, y no tiene en cuenta el trabajo que desarrollan en toda España a favor de los ciudadanos, garantizando la buena praxis profesional y los servicios», denunciaron.
Los procuradores de la Comunidad de Valencia manifestaron que el Ministerio de Economía facilitó a los medios de comunicación unas tablas «erróneas», que reflejan «precios falsos». «Las tablas facilitadas citan al Colegio de Procuradores de Valencia como uno de los más caros de España, con una cuota anual de 1055 euros, cuando en realidad los colegiados valencianos abonan 640 euros», afirmaron. Los procuradores creen que el Gobierno ha actuado de «mala fe» incrementando la cuota real «para hacer llegar a los ciudadanos la idea de que la ley supone un beneficio».

Enviado por: Ignacio Espejo - 25/06/14 @ 12:10PM

Fuente (EUROPA PRESS)

El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho  ha pedido este lunes la supresión del primer examen  que les permite ejercer como abogados y procuradores y que tendrá lugar este sábado en Madrid. A su juicio, el Gobierno ha establecido pruebas que no aportan ningún "valor añadido", sino que retrasan "injustificadamente" el acceso a su profesión.

El colectivo ha recordado que en un principio colaboró  a la implantación de esta prueba, pero ahora mismo solo puede manifestar su rechazo más absoluto.

El presidente del consejo nacional de estudiantes de derecho, Alejandro Soto, cree que un examen de estas características supone un poner en duda la calidadde la formación impartida en las diferentes universidades y no cuenta con precedentes similares en la Unión Europea.

"Los países de nuestro entorno exigen una formación de postgrado, la realización de un período de prácticas o la habilitación por parte de un colegio de abogados, la realización de uno o varios exámenes de Estado, o una combinación de las anteriores; pero en ningún caso todas ellas al mismo tiempo", ha explicado.

PIDE MÁSTERES DIFERENCIADOS PARA ABOGADOS Y PROCURADORES

El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho ha demandado así que se mantengan los másteres diferenciados de la Abogacía y la Procura como paso previo a la colegiación en su respectiva institución, así como la inmediata supresión de la prueba convocada el próximo 28 de junio en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

 

 

"A apenas unos días de la celebración del primer examen, se sabe con certeza que es voluntad del Ejecutivo, de nuevo, modificar la estructura y/o contenidos de dicha prueba para las próximas convocatorias", ha criticado en un comunicado.

El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho ha recordado que en los últimos tiempos ha mantenido encuentros con responsables del Ministerio de economía, con el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España para estudiar una posible reforma legislativa de la Ley 34/2006 para suprimir definitivamente dicha prueba, mediante su oportuna previsión en la nueva Ley de Servicios Profesionales

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